¿Quién paga cuando Chile no se prepara?

El jueves 8 de octubre bajó un aluvión por la Quebrada Honda, en San Carlos de Apoquindo, la misma quebrada que se quemó a fines de diciembre.

Un evento puntual no se puede atribuir al cambio climático sin un estudio. Pero en Chile central el cambio climático viene cargando los dados hace rato: contribuyó a una megasequía larga y a veranos más calurosos que favorecen los incendios. Y un cerro quemado pierde la vegetación que frena el agua.

Mucha gente en Chile no sabe qué tan lejos vive de una quebrada, y menos las posibilidades de que se active por esa esa secuencia de fuego y luego lluvia + barro arrastrado.

Lo que se discute en Turquía

Del 9 al 20 de noviembre, los países se reúnen en Antalya para la COP31, la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el clima. La prioridad de Chile debería ser la adaptación, y ahí el avance ha sido lento. En la COP pasada se aprobaron 59 indicadores para medir cuánto avanza el mundo en adaptarse, pero no cómo aplicarlos. En junio, en Bonn, los países tampoco acordaron quién desarrollará esas metodologías.

¿Y el financiamiento? Existe un llamado a al menos triplicar los recursos para adaptación al 2035, pero sin monto ni base de cálculo. A estas alturas, cualquier avance concreto en Turquía es bienvenido.

Lo que Chile ya tiene

Mientras los negociadores chilenos ya comenzaron jornadas de negociación en Turquía, Chile cuenta con algo que muchos países no tienen: la Ley de Cambio Climático. La impulsó el Ex-Presidente Piñera y obliga a tener planes de adaptación por sector y planes de acción climática en cada comuna. Es la base para la alerta temprana, la infraestructura resiliente y la protección de los ecosistemas que nos protegen, como los humedales urbanos.

Pero me preocupa que, justo cuando más las necesitamos, esas herramientas se estén debilitando. Descontada la inflación, el presupuesto 2027 que el Congreso vota estos días recorta en casi 60% la asignación del Ministerio del Medio Ambiente para cambio climático y para la NDC (nuestro compromiso climático ante Naciones Unidas).

En marzo, además, se retiraron de Contraloría 43 decretos ambientales. Entre ellos estaban el plan de adaptación de la biodiversidad, uno de los doce planes sectoriales que exige la Ley de Cambio Climático, y el componente de adaptación de la estrategia climática de largo plazo. A fines de octubre, 34 seguían sin reingresar, incluidos esos dos.

La Ley de Reconstrucción (Ley 21.850), publicada el 17 de octubre, trae recursos para levantar lo que destruyeron los incendios de 2024 en la Región de Valparaíso y de 2026 en Ñuble y Biobío. También permite reconectar gratis la luz, el agua y el gas a personas que hayan sufrido el corte de esos servicios en zonas de catástrofe. Pero lo que no trae son medidas explícitas de prevención ni de adaptación. Reconstruir sin prepararse para el próximo desastre es pagar dos veces.

Lo que da algo de tranquilidad es que la Ley de Cambio Climático sigue vigente y obliga a cualquier gobierno, sea o no su prioridad.

Un país de ingreso alto, pero expuesto

Chile no llega a la COP como país pobre: es de ingreso alto, pero muy vulnerable al clima. Por su nivel de ingreso salió en 2018 de la lista de receptores de ayuda oficial al desarrollo. Los préstamos que pide al Banco Mundial no son en condiciones blandas, aunque sigue accediendo a fondos como el Fondo Verde para el Clima. En la práctica, financia su acción climática con recursos propios, presupuesto público e inversión privada.

El problema, eso sí, es global. Según el informe que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó el 4 de noviembre, los países en desarrollo necesitarán unos 305 mil millones de dólares al año para adaptarse hacia 2035. En 2024 recibieron entre 28 y 32 mil millones en financiamiento público internacional. Aunque esa cifra se triplicara, cubriría apenas entre un 20 a un 29% de lo necesario.

Con esa brecha se puede avanzar, pero lento. Lo realista es salir de Turquía con el trabajo sobre los indicadores financieros destrabados y con avances concretos para financiar la adaptación.

Mientras tanto, pagas tú

El Niño y la temporada de incendios no van a esperar a que termine la negociación. Cuando el Estado no se adapta, pagan las familias: según una estimación preliminar de Climate Policy Initiative, los hogares del mundo ya gastan de su bolsillo entre 17 mil y 78 mil millones de dólares al año en adaptarse.

Por eso, mientras se negocia en la COP, a ti, a tu familia y a tu comunidad les toca prepararse. Al mismo tiempo, toca exigirle al Estado que haga su parte. Adaptarse no puede depender de lo que cada familia tenga en el bolsillo.

Parte de este texto viene de una entrevista que me hizo Rodrigo González para El Mercurio de Valparaíso, publicada el 18 de octubre de 2026 en "Cómo llega Chile a la Conferencia Ambiental COP31 en Turquía" (p. 8).

Fuentes

• Indicadores de adaptación: decisión 12/CMA.7 (Belém, 2025); el llamado a triplicar el financiamiento, decisión 1/CMA.7, párr. 53.
• Presupuesto 2027: Dipres, cuadro comparativo 2026-2027, Partida 25, asignación 24.09.023 ($684,7 → $293,1 millones, pesos 2027).
• Decretos retirados: oficio del subsecretario del Medio Ambiente, 12-mar-2026; reingresos al 20-oct según Chile Sustentable; La Tercera, 12-oct-2026.
• Ley de Cambio Climático: Ley 21.455, arts. 9 y 12.
• Ley de Reconstrucción: Ley 21.850, Diario Oficial, 17-oct-2026.
• Brecha de adaptación: PNUMA, Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 (4-nov-2026).
• Gasto de los hogares: Climate Policy Initiative, Global Landscape of Climate Finance 2026, anexo II.
• Fechas y prioridades de Chile en la COP31: La Tercera, 7-nov-2026.